GPPAN impulsa iniciativas en protección de menores y seguridad pública
- A propuesta del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), se aprobaron medidas preventivas y de intervención para proteger a menores frente a delitos como la explotación sexual infantil en servicios turísticos.
- En el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense, la bancada también logró reformas para combatir el matrimonio infantil y crear la Comisión Legislativa de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial.
- La bancada coordinada por el legislador Pablo Fernández de Cevallos presentó iniciativas en materia de presupuesto participativo, seguridad pública, justicia cívica, salud, adopción, seguridad digital, educación y regulación de la inteligencia artificial.
Durante el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense, el Grupo Parlamentario del PAN logró la aprobación de reformas para fortalecer la protección de menores en servicios turísticos, combatir el matrimonio infantil y crear la Comisión Legislativa de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial. Además, impulsó iniciativas en materia de presupuesto participativo, seguridad pública, justicia cívica, salud, adopción, seguridad digital, educación y regulación de la inteligencia artificial.
En cuanto a las aprobaciones, para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, se avaló un protocolo obligatorio para prestadores de servicios turísticos, a fin de prevenir delitos como la explotación sexual infantil durante el ofrecimiento de servicios de hospedaje o alojamiento. Asimismo, ante la problemática del matrimonio infantil, se establecieron hasta 15 años de prisión para quienes obliguen, induzcan o faciliten uniones forzadas con menores de edad.
El trabajo legislativo de la bancada del 5 de septiembre al 18 de diciembre del 2025 incluyó la aprobación para crear la Comisión de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial para fortalecer el desarrollo tecnológico y mejorar la operación legislativa.
Entre las iniciativas de la bancada que están en estudio, coordinada por el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, se encuentra la propuesta de agravar las penas en casos de homicidio, abuso sexual y violación cuando exista conducta de acecho previa. También incluyen modalidades de hostigamiento y acoso sexual, así como la propuesta de sancionar con hasta un año de prisión y 120 días multa la difusión de actos violentos que pongan en riesgo a una persona, aun cuando no exista participación en la prevención o el auxilio.
Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la definición de proyectos de inversión pública, también plantearon incorporar el presupuesto participativo al marco jurídico estatal, destinar un mínimo del 5 por ciento para su ejercicio y establecer un mecanismo que impida su reducción.
En materia de seguridad, propusieron una nueva ley para crear el Sistema Estatal de Seguridad Pública, con instancias de conducción política y operación técnica; homologar y profesionalizar la carrera policial con un certificado único policial obligatorio; implementar un programa rector de profesionalización y ordenar la seguridad privada.
Para agilizar la resolución de incidentes viales, la bancada planteó programas de capacitación, certificación y profesionalización del personal de tránsito y, para actualizar el marco normativo en materia de faltas administrativas, solicitaron la creación del Sistema Estatal de Justicia Cívica, con un enfoque restaurativo y de derechos humanos.
De igual forma, las y los diputados del PAN también propusieron modernizar los servicios de salud mediante la integración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención.
También, consideraron prohibir cirugías estéticas en menores de edad y establecer penas de 25 años de prisión para profesionales de la salud que causen la muerte de pacientes por mala práctica. Estas sanciones podrían aumentar hasta 37 años y seis meses cuando se trate de personal del sector público, además de su destitución e inhabilitación definitiva.
Consciente del impacto de la dismenorrea en la educación y el empleo, plantearon otorgar permisos o licencias a niñas y mujeres trabajadoras para justificar inasistencias por esta causa.
Con el fin de asegurar el derecho de la niñez a crecer en un entorno familiar adecuado, propusieron que, como criterio de asistencia social, se priorice la reintegración con familias de origen, extensas o ampliadas, contemplando la adopción cuando esto no sea posible.
Asimismo, para garantizar la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, pidieron reconocer su derecho a la protección frente a violencia, manipulación, explotación o exposición a contenidos inapropiados en el entorno virtual.
Mientras que en materia educativa y cultural promovieron la creación de ludotecas públicas, bibliotecas digitales regionales y un programa estatal de digitalización legal de obras.
A fin de asegurar un tratamiento responsable de los datos personales y regular el uso de la Inteligencia Artificial, esta bancada presentó una iniciativa para reforzar obligaciones de evaluación de riesgos, garantizar principios de transparencia, equidad y seguridad, y proteger los derechos de las personas ante nuevas tecnologías.
Al señalar que la renta o venta de inmuebles con frecuencia condiciona a las personas interesadas a no tener niñas, niños o animales de compañía, vulnerando su derecho a una vivienda digna y el principio de igualdad y no discriminación, la bancada propuso reconocer la cohabitación con infancias y seres sintientes en el derecho a la vivienda.
El Grupo Parlamentario del PAN también planteó un exhorto para que el gobierno estatal implemente una estrategia integral de promoción de energías renovables, y propuso establecer un seguro colectivo de daños vinculado al impuesto predial para resarcir afectaciones a viviendas por fenómenos hidrometeorológicos.
Finalmente, se formuló un exhorto a la Secretaría de Educación Pública, los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y la Comisión Federal de Electricidad para convenir el financiamiento total del servicio eléctrico en escuelas públicas y garantizar el suministro adecuado en cada plantel.
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