Realiza Congreso mexiquense consulta indígena
- A través de consultas públicas, libres e informadas, el Congreso mexiquense recibió las opiniones de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas de 48 municipios —registrados oficialmente con presencia de estas poblaciones— en cinco asambleas regionales para enriquecer la reforma que busca reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.
- Las consultas se realizaron en asambleas ubicadas en sedes regionales: Acambay de Ruiz Castañeda, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco, y Tejupilco.
- Participaron congresistas, representantes del gobierno estatal, incluyendo al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Mediante consultas públicas, libres e informadas, el Congreso mexiquense recabó opiniones y propuestas de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas de 48 municipios, a través de cinco asambleas regionales, para enriquecer la reforma que busca reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación; en estos ejercicios participaron los congresistas Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), Leticia Mejía García (PRI), Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena), Araceli Casasola Salazar (PRD) y Vanessa Linares Zetina (PVEM).
Lo anterior como resultado del acuerdo de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas, y de Desarrollo y Bienestar Social de la LXII Legislatura mexiquense, derivado de las iniciativas de la diputada Leticia Mejía García (PRI), la bancada de MC (coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández), y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que armonizan la Constitución local con la federal, de acuerdo con la reforma en la materia de octubre de 2024.
Las consultas se realizaron mediante cinco asambleas ubicadas en sedes regionales: Acambay de Ruiz Castañeda (auditorio municipal), San Felipe del Progreso (Centro Ceremonial Mazahua), Temoaya (Centro Ceremonial Otomí), Texcoco (Centro Cultural Mexiquense), y Tejupilco (recinto ferial).
En la región de Acambay de Ruiz Castañeda, se congregaron representantes de los municipios de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Jilotzingo, Morelos, Nicolás Romero, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón.
En San Felipe del Progreso, acudieron pobladores de Almoloya de Juárez, Amanalco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria. En Temoaya, de Capulhuac, Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Jalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.
En Texcoco, de Amecameca, Chalco, Ecatepec de Morelos, Teotihuacán y Texcoco; y en Tejupilco, de Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenango del Valle y Tianguistenco.
Cabe señalar que se integró un comité técnico asesor con representantes del Congreso y del gobierno estatal, además del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) como órgano técnico, quienes brindaron información y acompañamiento durante el proceso, realizado de manera culturalmente adecuada, de buena fe y participativa, conforme a los estándares constitucionales y convencionales, así como a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para garantizar una participación adecuada, en las consultas se explicaron los objetivos, la metodología y el contenido de la reforma, con materiales accesibles y traducidos a lenguas indígenas. Además, se contó con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como observador independiente, para asegurar el cumplimiento de la normatividad.
En estos ejercicios, las personas participantes se pronunciaron sobre el reconocimiento a los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica desde las sociedades precoloniales del territorio estatal, que conservan, desarrollan y transmiten total o parcialmente sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.
También sobre el derecho a la libre determinación y a la autonomía para decidir conforme a sus sistemas normativos y a las disposiciones legales aplicables, además de sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como a la facultad de aplicar y desarrollar sus modelos para la regulación y resolución de conflictos internos.
Asimismo, a la garantía de elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, garantizando que mujeres y hombres puedan votar y ser votados en condiciones de igualdad.
De igual manera, sobre el derecho a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural material e inmaterial; fomentar el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de sus lenguas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural; participar en la construcción de modelos educativos que reconozcan la composición pluricultural de la entidad, así como desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional y la partería para la atención de embarazos, parto y puerperio.
Por otro lado, emitieron opinión sobre la conservación y mejoramiento de sus hábitats, el resguardo de la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, la facultad de elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género y pluriculturalidad.
Adicionalmente, sobre la posibilidad de que, en los juicios y procedimientos de los que sean parte, individual o colectivamente, se deberían tomar en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, con respeto a los preceptos de las constituciones nacional y estatal, así como a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas, con pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística, además de poder ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización con respeto a la integridad del medio ambiente y los recursos naturales.
Del mismo modo, a exponer su parecer sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo. Para tales efectos, el documento define obligaciones de autoridades para impulsar el desarrollo comunitario y regional, mediante el impulso de su economía y asignaciones presupuestales que sean administradas directamente por los pueblos y comunidades.
Las personas de pueblos y comunidades originarias conocieron, además, que el proyecto plantea proteger el patrimonio cultural, así como garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe; fomentar una relación intercultural libre de discriminación y racismo; asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural; y facilitar el acceso a financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda.
Asimismo, busca garantizar y ampliar la red de comunicación, telecomunicación y nuevas tecnologías de la información, así como el acceso a los medios de comunicación e información en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad, protegiendo además a las comunidades y personas indígenas migrantes.
Respecto a los pueblos y comunidades afromexicanas, en la consulta sus representantes opinaron sobre la propuesta de que así se consideren a descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio estatal desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural o parte de ellas.
Igualmente, respecto de reconocer y garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, así como para el acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de tierras.
En cuanto a la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, aportaron comentarios sobre la atención adecuada en sus propias lenguas para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, la salud, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo. Para más información se dispusieron el correo electrónico: cedipiem_b@edomex.gob.mx; y el teléfono: 722 13 58 94 y 722 13 58 95.
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