Avanza excepción de restricciones en gasto en personal de seguridad y salud

Comisiones unidas aprobaron una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para exceptuar de algunas restricciones el gasto en servicios personales, a nivel estatal y municipal, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad pública y salud.
La iniciativa del diputado Edgar Samuel Ríos (morena) incluye la contratación de policías, personal médico, de enfermería, paramédico y afín.
Congresistas de morena y PRD coincidieron en que el dictamen —que de aprobarse por el Pleno legislativo se enviará al Congreso de la Unión— permitiría atender necesidades de la población sin descuidar la disciplina financiera.

Comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para exceptuar diversas restricciones sobre el gasto en servicios personales para garantizar, a nivel estatal y municipal, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en seguridad pública y salud, incluyendo la contratación de policías, personal médico, de enfermería, paramédico y afín.
La iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena), avalada por las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, también plantea excluir de estas restricciones los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.
Durante la reunión, el diputado Osvaldo Cortés Contreras y la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, ambos de morena, y la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD), coincidieron en que el dictamen —que de aprobarse por el Pleno legislativo se enviará al Congreso de la Unión— permitiría atender necesidades de la población sin descuidar la disciplina financiera.
Cabe señalar que esta ley actualmente dispone que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en los presupuestos de egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en los presupuestos del ejercicio anterior una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el tres por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
La legislación vigente también dispone que, en caso de que el PIB presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se considerará un crecimiento real igual a cero, además de que contempla como excepción el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
Conforme al dictamen, que de aprobarse por el Pleno legislativo será enviado al Congreso de la Unión para su análisis, los gastos señalados deberán identificarse y reportarse de manera diferenciada en los presupuestos de egresos y en las cuentas públicas, según lo que establezca la normatividad aplicable.
De acuerdo con el proyecto de decreto, estas excepciones comprenderán únicamente al personal que participe directamente en las funciones sustantivas de seguridad pública o en la prestación de servicios de salud.
Asimismo, establece que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, realizar las adecuaciones necesarias a los clasificadores y lineamientos aplicables, a fin de que las entidades federativas y los municipios puedan identificar y reportar de manera diferenciada este gasto, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigencia.
Durante el análisis de la propuesta, Osvaldo Cortés, quien presidió la reunión, destacó que los municipios “a veces se encuentran atados de manos” por los mencionados límites legales al gasto. Señaló que la iniciativa es importante para fortalecer aspectos presupuestales, de personal y capacitación en este nivel de gobierno.
Patricia Santos expuso que no se trata de abrir la puerta al crecimiento indiscriminado de las estructuras administrativas, sino de reconocer que se necesitan elementos para garantizar la seguridad y que los servicios de salud requieren personal para funcionar adecuadamente. Subrayó que la reforma mantiene la disciplina, pero permite atender circunstancias en las que limitar la contratación puede terminar afectando directamente a la población.
Finalmente, Araceli Casasola señaló que la iniciativa pone en el centro a quienes todos los días trabajan para proteger la vida, la integridad y el bienestar de las familias mexiquenses, pues, a su parecer, el límite ha funcionado como una barrera que frena la contratación y dignificación del personal, pero aclaró que no plantea un crecimiento descontrolado de la nómina ni vulnera el orden fiscal, toda vez que se trata de encontrar un equilibrio real entre la disciplina financiera y la responsabilidad social.