PRI VIGILARÁ TRANSICIÓN DEL INE Y EXIGIRÁ INVESTIGAR A FONDO A TADDEI
- La renuncia de Taddei no borra los señalamientos de corrupción por más de 500 millones de pesos.
- El PRI exigirá un INE independiente, no subordinado a Morena.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México vigilará la transición en la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y exigirá que se esclarezcan los señalamientos que involucran a Guadalupe Taddei Zavala, porque su renuncia no puede convertirse en una salida para evadir responsabilidades ni en un punto final a las investigaciones.
El priismo mexiquense exigirá que la próxima Presidencia del INE recaiga en una persona con independencia, solvencia moral y sin compromisos partidistas, porque el árbitro electoral no puede estar al servicio del gobierno ni responder a los intereses de Morena, sino garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas.
La salida de Taddei no es suficiente. Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en su gestión deben investigarse hasta sus últimas consecuencias jurídicas y administrativas, pues renunciar no elimina la obligación de explicar el manejo de los recursos públicos ni de responder por las decisiones tomadas al frente del organismo electoral.
De acuerdo con los señalamientos contenidos en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existen contratos y posibles irregularidades que involucran montos millonarios, entre ellos:
- 514 millones de pesos. Monto global de contratos bajo investigación de oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
- 197 millones de pesos. Contrato adjudicado directamente a empresas vinculadas entre sí, Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, para el suministro de materiales de la elección judicial.
- 66.5 millones de pesos. Irregularidades específicas inicialmente detectadas por el órgano fiscalizador en la revisión de contratos públicos del organismo.
Estos señalamientos no pueden quedar en explicaciones a medias, por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos públicos, quién tomó las decisiones y si existieron responsabilidades, de manera que las investigaciones lleguen hasta donde lo determinen las autoridades competentes, sin privilegios ni encubrimientos.
Andrés Manuel López Obrador calificó a Guadalupe Taddei como “honesta e íntegra” y aseguró que era “incapaz de cometer corrupción”, el 31 de marzo de 2023, después de su selección como Consejera Presidenta del INE. Hoy, la realidad desmiente sus palabras, pues la corrupción detectada en el INE bajo esta gestión no tiene comparación con ningún periodo previo y desprestigia a una institución ciudadana que costó muchas décadas de esfuerzo consolidar.
Morena no puede desentenderse de la responsabilidad política que tiene por haber respaldado a Taddei, ni pretender que los señalamientos que hoy enfrenta su gestión desaparezcan con su renuncia. El árbitro electoral no puede medir con una doble vara la exigencia de rendición de cuentas, pues la credibilidad del INE depende de que las investigaciones se conduzcan con rigor y de que cualquier responsabilidad se determine conforme a la ley.
El PRI fue el partido que cuestionó de frente la gestión de Taddei y exigió su renuncia, mientras que Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, demandó públicamente que se investigaran los señalamientos y se garantizaran las condiciones de imparcialidad y autonomía que deben prevalecer en el organismo electoral.
La renuncia de Guadalupe Taddei deja una lección histórica para el futuro de nuestra democracia, porque las instituciones democráticas del Estado mexicano no pueden convertirse en espacios de cuotas ni en agencias de colocación para perfiles afines o empleados al servicio directo del gobierno de Morena.
El PRI del Estado de México vigilará que la transición se conduzca con transparencia y exigirá que los señalamientos se investiguen a fondo, porque México necesita un árbitro electoral que responda a la ciudadanía y no al poder.
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