Aprueban comisiones del Congreso nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
● En comisiones unidas del Congreso mexiquense se aprobó, por mayoría de votos, expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenamiento derivado de las reformas constitucionales que reestructuraron al Poder Judicial mexiquense.
● En lo general, votaron a favor las bancadas de morena, PVEM y PT; en contra los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC.
● Se añadió una reserva del diputado Octavio Martínez (morena) para especificar que se requiere dos terceras partes de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para iniciar leyes o decretos.
● También reservas del diputado Eduardo Zarzoza (PRI), para que se apliquen faltas administrativas por la emisión dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable de resoluciones contrarias a tratados internacionales en materia de derechos humanos, y no sólo de la constitución.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron, por mayoría de votos, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con base en la iniciativa presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de morena, PVEM y PT: los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, respectivamente.
En la reunión presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), quien destacó que el proyecto incluyó propuestas adicionales de congresistas de varias bancadas parlamentarias, se avaló el dictamen conforme a las reformas constitucionales —cuyo decreto fue publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de enero de 2025—, que modificaron el sistema de gobierno del Poder Judicial, mediante la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
En lo general, votaron a favor las bancadas de morena, PVEM y PT; en contra los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y MC. En lo particular, fue avalada una modificación propuesta por el diputado Octavio Martínez Vargas (morena), para especificar que se requiere dos terceras partes de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para iniciar leyes o decretos.
Asimismo, se aprobó la incorporación de las reservas presentadas por el diputado Eduardo Zarzoza Sánchez (PRI), para que las conductas disciplinarias aplicables a personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial incluyan la emisión dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable de resoluciones contrarias a tratados internacionales en materia de derechos humanos, y no sólo de la Constitución, como lo establecía la iniciativa original.
Durante la reunión, las diputadas Miriam Silva Mata (PVEM), Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) y el legislador Eduardo Zarzosa cuestionaron lo acelerado del proceso legislativo y solicitaron conocer a detalle el dictamen. Al respecto, el legislador Octavio Martínez y la parlamentaria Selina Trujillo Arizmendi (morena) señalaron que la iniciativa se conoció con oportunidad y que hubo tiempo suficiente para que las bancadas interesadas presentaran sus propuestas.
En la deliberación de la iniciativa también participaron las legisladoras Martha Azucena Camacho Reynoso, Nelly Brigida Rivera Sánchez y Yesica Yanet Rojas Hernández, todas de morena, Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) y Ana Yurixi Leiva Piñón (PT), así como el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena).
De acuerdo con la iniciativa, estos cambios fortalecen el ejercicio de la función jurisdiccional y se traducirán en una impartición de justicia pronta, completa, expedita, imparcial y accesible, al establecer con claridad la separación entre las labores jurisdiccionales —a cargo del Tribunal Superior de Justicia— y las funciones administrativas y disciplinarias, que asumirán los nuevos órganos.
El documento también señala que estas modificaciones permitirán atender problemáticas como la opacidad, la corrupción y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, así como el retraso y la parcialidad que persisten en la institución, en particular en los procesos disciplinarios contra personas magistradas y juzgadoras.
Cabe recordar que la LXII Legislatura mexiquense cuenta con un plazo de 160 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto (el mismo día de su publicación), para aprobar estas adecuaciones. De aprobarse por el Pleno, este nuevo ordenamiento sustituirá la ley orgánica vigente desde octubre de 2022.
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