Hasta 7.5 años de prisión por amenazas contra periodistas: GPMC
● La diputada Ruth Salinas, del Grupo Parlamentario de MC (GPMC), propuso sanciones de hasta 7 años y 6 meses de prisión por amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos.
● Planteó que el Estado implemente el protocolo de protección para este sector poblacional, así como la creación de un directorio de contacto voluntario y preventivo para su localización.
Para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su labor, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) planteó sancionar hasta con siete años y seis meses de prisión las amenazas a esos sectores que impliquen la comisión de un delito grave si se realizan de forma anónima o mediante escritos.
También a través de redes sociales, medios digitales, sistemas de comunicación o difusión pública; con armas; con la participación de dos o más personas; o cuando provenga de una persona servidora pública en ejercicio de su cargo o abusando de sus funciones.
Al exponer la iniciativa de su bancada ante el Pleno, la legisladora compartió que, de acuerdo con la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensores de los Derechos Humanos estatal, desde el 31 de mayo de 2023, hasta julio de 2025, se documentaron un total de 232 agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en la entidad, de las cuales 32 han sido mediante amenazas que se cumplieron; 23 en contra de personas defensoras y nueve en contra de periodistas.
Por lo anterior, su propuesta para reformar la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras del Estado de México y el Código Penal estatal establece hasta tres años de prisión para quien amenace a una persona con causarle daño a ella, a su familia, a la persona con la que tenga vínculo afectivo; o a sus bienes, honra, libertad o derechos.
Asimismo, hasta dos años de prisión si la amenaza consiste en causarle un mal que no constituya delito, pero genere temor fundado o afecte gravemente la tranquilidad de la persona.
La iniciativa también plantea hasta cinco años de prisión, cuando la amenaza se refiera a un mal que constituya delito grave.
Cabe puntualizar que las penas señaladas se incrementarían hasta en una mitad con las agravantes inicialmente referidas.
El documento prevé que no se considerarían constitutivas de este delito las conductas que deriven del ejercicio de la libertad de expresión, la actividad periodística, la defensa de derechos humanos, la protesta social o la crítica a personas servidoras públicas en razón de sus funciones. Si la persona amenazadora cumple su amenaza se acumularían la sanción de ésta y la del delito que resulte.
Por otro lado, Movimiento Ciudadano busca que el Estado implemente el protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que le sea proporcionado por la Coordinación Ejecutiva.
Además, propone un registro o directorio de contacto voluntario y preventivo para localizar de forma ágil a periodistas y personas defensoras en caso de emergencia. Los datos proporcionados serían confidenciales y la medida no sería una condicionante para obtener protección.
La iniciativa también contempla que la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México apruebe el protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Finalmente, plantea que la Coordinación Ejecutiva del mecanismo señalado, la Secretaría de Seguridad estatal y las autoridades municipales elaboren y actualicen periódicamente el protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con periodistas y personas defensoras de derechos humanos, retomando mejores prácticas, estándares y protocolos modelo, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para su aprobación de la Junta de Gobierno citada.
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