Congreso mexiquense legisla a favor de las juventudes

Congresistas aprobaron reformas para reconocer la inclusión digital como derecho cultural de este sector, elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y fomentar masculinidades corresponsables desde el sistema educativo.
Las bancadas de morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD han impulsado reformas para fortalecer su preparación, ampliar las políticas públicas a su favor, beneficiar su acceso a la vivienda, al empleo, a las estrategias gubernamentales que les involucran y a la educación.
En el Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), cabe señalar que en el Estado de México habitan dos millones 782 mil 686 personas jóvenes (16.38% de la población total), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020).

La LXII Legislatura mexiquense ha legislado para generar condiciones de apoyo y desarrollo para las juventudes, como lo demuestran las reformas para reconocer el derecho cultural de este grupo poblacional a la inclusión digital, la minuta que elevó a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el fomento de las masculinidades corresponsables desde el sistema educativo.
En el marco del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), es preciso resaltar que la agenda legislativa a favor de este sector incluye iniciativas de todas las bancadas del Congreso mexiquense (morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD), para que reciban educación financiera, se les considere sector vulnerable, tengan acceso a la vivienda, se facilite su inserción laboral, participen en el diseño de políticas públicas, dispongan de acciones afirmativas y reciban una formación con perspectiva de género.
A favor de este sector — integrado por dos millones 782 mil 686 personas de entre 20 y 29 años, es decir, el 16.38 por ciento de la población total de la entidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) — se incluyó el derecho al acceso y uso seguro de internet, así como la promoción de la alfabetización digital y el uso responsable de las tecnologías en la Ley de la Juventud estatal, a propuesta de la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (morena).
Esto significa que el gobierno estatal ofrecerá estímulos, concursos, becas y programas con el fin de fomentar y reconocer a jóvenes creadores de contenidos digitales.
Además, se impulsará un sistema de información digital que permita a este sector —incluyendo a quienes pertenecen a las poblaciones LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual, Queer, No Binario y más)— crear, acceder, procesar, intercambiar y difundir información útil para su desarrollo profesional y humano, de manera libre, segura y responsable.
En este sentido, el Congreso mexiquense también aprobó la minuta del Senado de la República, para que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente, al menos, a un salario mínimo general vigente, para las personas jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal. La reforma constitucional, que entró en vigor el 2 de abril de 2025, busca su capacitación por hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.
Con el objetivo de generar mayor conciencia sobre la forma en que las personas se relacionan y comunican, la LXII Legislatura mexiquense también avaló una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD para que, en la prestación de los servicios educativos, se impulse el desarrollo humano integral mediante el fomento de masculinidades corresponsables.
La legislación describe estas conductas como aquellas que promueven una expresión constructiva amplia, diversificada, plural y abierta en las personas, así como empatía, igualdad de trato, participación responsable e igualitaria en todas las actividades, respeto a la dignidad y rechazo al sexismo, misoginia, violencia, homofobia y discursos de odio.
Por otro lado, cabe señalar que en comisiones legislativas se analizan diferentes iniciativas en la materia.
La legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (morena) planteó que las juventudes tengan derecho a recibir educación financiera y que la autoridad educativa estatal fomente su enseñanza en los planes y programas de estudio a través de asignaturas propias, evaluables y acreditables.
Por el PVEM, la parlamentaria Alejandra Figueroa Adame propuso reconocer a las juventudes como un sector vulnerable, a fin de garantizar su inclusión, equidad y bienestar, para que sean consideradas dentro de los grupos que merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social, junto a la población indígena, mujeres, niñas, niños, adolescentes, familias de migrantes y personas adultas mayores, con discapacidad y en situación de calle.
Además, planteó un exhorto a los ayuntamientos para crear sus respectivos institutos municipales de la juventud, dado que no todos los municipios cuentan con estos organismos, y que se informe cómo atienden a este sector de la población y el presupuesto que designan para este propósito.
Su compañero de bancada, el diputado Héctor Raúl García González propuso establecer la figura de alquiler social como política pública, para ofrecer precios preferentes en la renta o el arrendamiento de viviendas a poblaciones vulnerables, particularmente a las juventudes.
En tanto, la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) presentó una iniciativa para que el sector público estatal, en coordinación con el empresarial, generen políticas públicas que faciliten la inserción laboral de las y los jóvenes recién egresados, de acuerdo con sus necesidades y capacidades.
En este mismo sentido, el diputado Alejandro Castro Hernández (PRI) planteó un exhorto a la Secretaría del Trabajo estatal, para que implemente una bolsa de empleo para personas de entre 18 y 29 años, con el objetivo de vincularlas con las vacantes en los sectores público, privado y social.
El punto de acuerdo también solicita que, en función de la viabilidad presupuestal, se considere la creación de más oficinas regionales de empleo, toda vez que las actuales cubren únicamente 10 de los 125 municipios.
Asimismo, la parlamentaria Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) ingresó, en nombre de su bancada, una propuesta para promover y garantizar el desarrollo integral de las juventudes a través de su participación en la toma de decisiones de las políticas públicas que atiendan sus necesidades, desde los ámbitos político, social, económico y cultural.
Finalmente, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) propuso que las universidades y demás instituciones de educación superior implementen acciones afirmativas que garanticen el acceso a personas mexiquenses indígenas, afromexicanas e integrantes de grupos sociales en situación de vulnerabilidad históricamente discriminados.